Según la Comisión, representa "otro grave retroceso para los derechos humanos y principios democráticos".
Ortega presentó la semana pasada una reforma de la Constitución por la que la vicepresidenta, Rosario Murillo, pasa a ser la "copresidenta", ambos "coordinarán" los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y el mandato presidencial pasará de los actuales cinco años a los seis.
Este modelo, señaló la CIDH, "elimina el principio de separación de poderes subordinando aún más los órganos legislativo, judicial y electoral al control del Ejecutivo".
Además, añade, "otorga facultades discrecionales al Poder Ejecutivo para destituir a personas que ocupan cargos públicos y que no se alineen con los principios fundamentales de la Constitución reformada".
Según la Comisión, consolida un aparato represivo que amenaza "derechos fundamentales como la libertad de expresión, protesta y asociación".
Los cambios, advierte, "contravienen los principios fundamentales del Estado de derecho, la democracia representativa y la separación de poderes" establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
Ésta establece que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos obligación de promoverla y defenderla".
La comisión lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional para adoptar "medidas coordinadas y efectivas para proteger lo derechos fundamentales del pueblo nicaragüense y salvaguardar los principios democráticos en la región".
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