La redada permitió el arresto de tres sargentos activos, tres sargentos retirados y tres soldados profesionales, quienes fueron imputados de los delitos de concierto para delinquir agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido y privativo de las fuerzas armadas. Las autoridades recopilaron información y pruebas que revelaron que el grupo de uniformados extraían accesorios y partes de armas de fuego de tres fuertes militares ubicados en el centro y sur del país, que entregaban a civiles, quienes se encargaban de ensamblarlas y venderlas. Los uniformados aprovechaban sus rangos, accesos a las instalaciones militares y puestos de trabajo para realizar esa labor de presunto robo continuo, que incluía desde fusiles hasta armas cortas.
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