(ANSA) - Italia condenó hoy en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la brutal represión en Irán y el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes, especialmente contra los jóvenes, así como las torturas y pena de muerte en ese país.
"Seguimos pidiendo a Irán que ponga fin a todas las formas de violencia y discriminación, en la ley y en la práctica, contra las mujeres y las niñas" en particular, dijo el Representante Permanente de Italia ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, el Embajador Vincenzo Grassi, hablando en el contexto del Diálogo Interactivo con el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en la República Islámica, Javaid Rehman. Por lo tanto, Italia pidió a las autoridades iraníes que garanticen la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como que pongan fin a todas las formas de violencia, tortura y malos tratos.
Luego pidió la liberación de todos los detenidos arbitrariamente, incluidos los defensores de los derechos humanos, abogados y periodistas, ciudadanos extranjeros y con doble nacionalidad, citando los casos de Ahmadreza Djalali y Jamshid Sharmahd. Italia también instó a Irán a garantizar el respeto de los derechos humanos de todos, incluidas las personas pertenecientes a minorías étnicas y religiosas, garantizar la justicia por las violaciones de los derechos humanos y cooperar con los órganos de supervisión de la ONU, como la Misión de determinación de hechos y la Misión Especial de Relator sobre la situación de los derechos humanos en el país.
"Italia condena enérgicamente el uso de la pena de muerte contra los manifestantes e insta a Irán a que se abstenga de ejecutar en el futuro y a que introduzca de inmediato una moratoria sobre la pena capital", dijo el Representante Permanente de Italia. Refiriéndose a lo informado por el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Irán en su informe, Italia destacó cómo la muerte de Jina Mahsa Amini fue la última de una larga serie de violencia y discriminación sistemáticas contra mujeres y niñas. Asimismo, el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Irán ha denunciado posibles "crímenes de lesa humanidad" en ese país, en particular tras la muerte de Mahsa Amin.
"El alcance y la gravedad de las violaciones cometidas por las autoridades iraníes, particularmente después de la muerte de Amini, sugieren que se han cometido crímenes internacionales, incluidos crímenes de lesa humanidad", dijo Rehman, ante el Consejo de Derechos Humanos y Humanidades de Naciones Unidas en Ginebra. "Hoy el Consejo de la UE ha decidido imponer medidas restrictivas contra otras 8 personas y un organismo responsable de graves violaciones de derechos humanos en Irán", se puede leer en una nota, divulgada en Bruselas. "En particular, el Consejo está sancionando a los miembros del poder judicial responsables de dictar sentencias de muerte en juicios injustos y de torturar a los detenidos", añade el texto.
Desde Londres, en tanto, se conoció otro paquete más de sanciones anti-iraníes del gobierno de Rishi Sunak, que una vez más tiene como objetivo -como lo ha hecho recientemente en repetidas ocasiones como Estados Unidos, Canadá y la UE- el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Teherán, en respuesta a la represión de las protestas de los opositores. El anuncio llega en una nota del Foreign Office y se afirma como parte de una estrategia común de los aliados occidentales. "Junto con nuestros socios en todo el mundo -declara el ministro de Relaciones Exteriores, James Cleverly - tenemos la intención de estar al lado del pueblo iraní que pide cambios fundamentales en Irán".
"Y hoy también estamos apuntando a los principales líderes de la Guardia Revolucionaria Islámica. quienes son los encargados de recaudar dinero para financiar la brutal represión del régimen". Las nuevas sanciones -que según la práctica prevén la prohibición de viajar al Reino Unido y la congelación de cualquier propiedad rastreable por las autoridades británicas- afectan a dos comandantes de la Guardia que operan en las provincias de Teherán y Alborz, acusados ;;de "graves violaciones de los derechos humanos"; así como 5 miembros de la junta de una fundación involucrada en la gestión de inversiones relacionadas con el financiamiento del Pasdaran.
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