La ayuda a Túnez para cerrar lo que se convirtió en el principal flujo de inmigrantes hacia las costas italianas fue la principal discusión que se llevó a cabo en la cumbre convocada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en el Palazzo Chigi.
La medida a adoptar se debe a que las llegadas por mar crecieron más de un 300% en los primeros tres meses de 2023, con proyecciones que indican que superarán las 400.000 a fines de año. Por tanto, hay que poner en marcha todas las iniciativas diplomáticas para intentar frenar las salidas, sostienen.
En la acumbre estuvieron presentes los Viceprimeros Ministros Antonio Tajani y Matteo Salvini, los ministros del Interior y de Defensa, Matteo Piantedosi y Guido Crosetto, los Subsecretarios Alfredo Mantovano y Giovanbattista Fazzolari. Túnez es por lo tanto la prioridad, subrayó Palazzo Chigi, y hay que poner manos a la obra "para ayudar a esta nación amiga en un tiempo de dificultades".
De hecho, el país está al borde del colapso económico, alberga a cientos de miles de inmigrantes subsaharianos y no controla sus fronteras. Desde hace tiempo el gobierno italiano presiona para desbloquear el primer tramo de 300 millones de dólares por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI). "A pesar de la dificultad de la situación -es la posición del Gobierno- se lograron avances en Túnez tanto por parte de Estados Unidos como de la Unión Europea, gracias también al compromiso de Italia".
En este sentido, cobra relevancia la visita a Roma en los próximos días a Italia del ministro de Exteriores tunecino, Nabil Ammar, para reunirse con su colega Tajani. Sobre el frente interno, Piantedosi está lidiando con la estabilidad del sistema de acogida. El objetivo es activar un Centro para los repatriados a cada región. Es necesario encontrar rápidamente nuevas estructuras para acoger a los inmigrantes sin que afecten a los territorios en cuestión. Por lo tanto, no se abrirán centros de grandes dimensiones; la línea es aquella de dispersar a los migrantes que llegan en pequeños números, con la colaboración de las autoridades locales.
La Asociación Nacional de Comunas Italianas (ANCI), sin embargo, está en pie de guerra y pidió 600 millones de euros más para hacer frente a la emergencia. "En el primer trimestre del año -recordó el delegado para la inmigración, Matteo Biffoni- ya enfrentamos la llegada de 27.000 migrantes con la perspectiva de cerrar el año con más de 100 mil. Sin embargo, a pesar de los cambios de gobierno, esto que escribimos y pedimos a este gobierno y al ministro Piantedosi es muy similar, casi análogo, a las solicitudes que le hicimos en 2011 al entonces ministro Alfano. Así el sistema colapsa, los empleos no se encuentran para ubicar a los migrantes, las Prefecturas están en dificultades, las reglas para el reconocimiento legal son engorrosas, sin hablar de los 2.500 menores no acompañados que llegaron sólo desde enero". Sobre el frente de los socorristas marítimos y del traslado de personas desde el punto de acceso superpoblado de Lampedusa, Crosetto ofreció la disponibilidad de barcos y aviones militares.
El comandante general de la Guardia Costera, el almirante Nicola Carlone, por su parte, subrayó que las lanchas patrulleras del Cuerpo están ahora "cada vez más comprometidas con operar a distancias muy lejanas de Italia y esto está provocando un desgaste de nuestro instrumento aeronáutico: se necesitan intervenciones urgentes para ajustarlo". El almirante, por tanto, negó rotundamente que haya indicaciones del Gobierno para favorecer la actividad de la "aplicación de la ley" (es decir, de la policía) respecto a la de búsqueda y salvamento.
"El rescate que realiza un aparato estatal como el nuestro -observó- es una actividad que requiere disciplina y organización, no extemporaneidad e improvisación. Por eso operamos sobre una base jurídica cierta y estable. Hay responsabilidad penal directa y personal de nuestros operadores, no hay órdenes ni sugerencias que nos puedan desviar de este modelo". En tanto, también está sobre la mesa el decreto ley Cutro, actualmente en estudio en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.
Se presentaron 126 enmiendas, 21 por la Liga. Hoy se esperaba el dictamen del Gobierno sobre los textos, pero se pospuso. Hay un acuerdo que se encuentra en la mayoría; entender si es posible presentar modificaciones compartidas al texto. Muchas de las enmiendas de la Liga Norte apuntan a un mayor endurecimiento; por ejemplo, sobre protección especial. Pero necesitará tener en cuenta las posibles observaciones del Quirinale. Hay tiempo hasta el 9 de mayo para convertir en ley la disposición. (ANSA)
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA