En la mira de los jueces de la Sala de Primera Instancia acabaron -a petición del fiscal jefe Karim Khan- el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant (después derrocado por el propio premier), así como el jefe militar de Hamás, Mohammed Deif, a quien Israel cree que mató en un ataque a Gaza.
La reacción indignada e irritada de Israel fue inmediata, empezando por la de los dos dirigentes cuestionados: desde La Haya "una decisión antisemita" digna de "un nuevo juicio a Dreyfus", tronó Netanyahu en su despacho, mientras que para Gallant el Tribunal" pone a Israel y Hamás al mismo nivel, fomentando el terrorismo". Sin mencionar a Deif, la facción palestina valoró, en cambio, "el importante paso hacia la justicia".
Estados Unidos y Argentina inmediatamente se pusieron del lado de Israel. La administración Biden ha hecho saber que "rechaza categóricamente" la decisión de la CPI, diciendo que está "profundamente preocupada" y no reconoce la competencia de la Corte "sobre esta cuestión", mientras que, para Javier Milei, "se ignora así el derecho legítimo de Israel a defenderse de los constantes ataques de Hamás y Hezbolá".
La Unión Europea, a través de la voz del Alto Representante saliente para la Política Exterior, Josep Borrell, defendió, en cambio, a los jueces de La Haya: la suya "no es una decisión política, sino la decisión de un tribunal que debe ser respetada y aplicada", afirmó, al tiempo que subrayó que "la tragedia en Gaza debe terminar". A continuación, el diplomático español recordó que se trata de una "decisión vinculante" que todos los países de la UE deben cumplir.
Los 124 Estados partes de la CPI que han firmado el Estatuto de Roma están de hecho obligados a ejecutar órdenes de arresto si alguien buscado por la Corte ingresa a su territorio, incluidos jefes de Gobierno, como en este caso. Una obligación que hará muy difícil que Netanyahu pueda viajar al extranjero a partir de ahora, incluso en sus funciones como primer ministro.
Un llamamiento del fiscal recordó también las obligaciones de los países miembros: "Contamos con su cooperación", declaró, defendiendo también su actuación. Las solicitudes de detención "fueron formuladas tras una investigación independiente y basadas en pruebas objetivas y verificables, examinadas mediante un proceso forense", explicó.
Y luego anunció que su oficina continúa investigando, dados los "informes de escalada de violencia" y otras violaciones del derecho internacional humanitario que aún continúan en Gaza y Cisjordania. Israel revivió las acusaciones de "acoso sexual" que circularon recientemente en los medios contra Khan, calificándolo de "fiscal corrupto".
El primer país que aseguró a la CPI su plena colaboración fue los Países Bajos, que entre otras cosas alberga la sede de la Corte en La Haya. Italia, según comentó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, "apoya a la CPI" y "evaluará junto con nuestros aliados cómo comportarse juntos en este asunto". Mientras que su colega de Defensa, Guido Crosetto, considerando "equivocada" la decisión del Tribunal, afirmó que si Netanyahu y Gallant "vinieran a Italia, tendríamos que arrestarlos, porque respetamos el derecho internacional".
Sin embargo, es difícil imaginar que ambos acaben en prisión en La Haya. Se trata de las primeras órdenes de detención contra los dirigentes de un país habitualmente apoyado por Occidente.
El asunto no tiene nada que ver con los otros procedimientos en curso, también en La Haya pero ante la Corte Internacional de Justicia, sobre las acusaciones contra el Estado de Israel de cometer "genocidio" contra los palestinos, formuladas principalmente por Sudáfrica. La CPI persigue responsabilidades individuales, en este caso de los líderes de las FDI (fuerzas de defensa israelíes) y otras agencias del gobierno israelí. Y muchos observadores creen que los mandatos tienen un valor ético, un recordatorio de que incluso la guerra tiene sus reglas.
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