"El documento tiene como objetivo promover los derechos humanos y buscar la regularización e integración socioeconómica de las personas refugiadas y migrantes en los países de origen, tránsito y destino de la región, como también contribuir a su integración y desarrollo en sus comunidades de acogida", precisaron las dos organizaciones en un comunicado difundido en Bogotá.
La decisión hizo parte de la Declaración Conjunta de la X Reunión Plenaria del Proceso de Quito, que se llevó a cabo en la víspera en SanJosé de Costa Rica. "Al abrir nuestras puertas —en línea con los marcos legales de cada país— a quienes buscan nuevas oportunidades, no solo enriquecemos nuestras sociedades, sino que también cimentamos un camino hacia un desarrollo sostenible y equitativo", afirmó Eduardo Stein, representante especial de ACNUR y OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela.
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